U.S.
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HUNTINGTON STATION, NY — Katherine inició el octavo grado tarde, el 5 de octubre, a mitad del trimestre otoñal y con un grado de retraso. Estaba nerviosa, pero no tanto por la barrera del idioma o las novedades de la vida en el pequeño pueblo estadounidense, sino porque había pasado tanto tiempo desde su última vez en la escuela. El último año y medio habían sido un horrible vacío.
En julio de 2014, ella y su madre, Ana, salieron de El Salvador para escapar una pandilla que dicen haber extorsionado a la familia y amenazado a Ana con violencia. (Por razones legales, solo usamos nombres de pila en este reportaje.) Era su segundo viaje; el primero había terminado con una deportación de EE.UU. Esta vez, les tomó tres semanas el cruzar a Texas, donde se entregaron a Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y se declararon refugiadas. Deseaban solicitar asilo y reunirse con Raúl, el padre de Katherine con quien Ana mantiene una unión libre, quien vivía en Long Island, Nueva York. Pero pronto se hallaron en un avión a New Mexico, donde entraron al primero de tres centros de detención federales – en sí, prisiones, según explicó Ana – para madres e hijos en busca de asilo.
La estadía más larga fue en el Centro Residencial Familiar de South Texas, un centro de detención nuevo manejado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dilley, un pueblo de campos petrolíferos. Katherine, una chica alta y seria de pelo café, recuerda unos borrosos nueve meses inactivos. Recuerda lo aburrida que estaba y el poco apetito que tenía; que solo tenía una hora diaria para usar la internet o leer en la biblioteca. La mayoría del tiempo lo pasaba sentada en su dormitorio comunal, abarrotado de literas. Nada tenía de parecido a una escuela. “A veces iba afuera con mis amistades”, cuenta sobre su experiencia de manera reservada. “Afuera” era el terreno cercado de 50 acres donde estaban ubicados los edificios y tráileres del centro de detención.
Contando con 2.400 camas para madres e hijos, Dilley es el centro de detención civil más grande del país, con un paisaje desértico y una arquitectura baja que evocan recuerdos de los campos de internamiento para japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La administración de Obama dice que la detención de familias es necesaria para enfrentar el aumento repentino en el último año de 68.541 menores sin acompañantes y 68.445 niños adicionales que viajaron con un padre, una madre o un tutor legal, en su mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, el centro fue precipitadamente diseñado y construido, por medio de un contrato sin licitación con un compañía de prisiones privadas, Corporación de Correcciones de América (CCA), valorado en $1,65 mil millones.
Ana y su hija estuvieron entre las primeras detenidas en Dilley y permanecieron detenidas más tiempo que nadie, según defensores de inmigración ubicados en el lugar. Finalmente fueron liberadas sin explicación a principios de septiembre, después de 14 meses bajo la custodia de ICE. Se les negaron sus peticiones de asilo y ahora Ana tiene que cargar un monitor en el tobillo y asistir regularmente a citas con oficiales de la ley. A pesar de una amenaza real de deportación, se han sentido aliviadas por haberse reunido con Raúl en Nueva York y haber matriculado nuevamente a Katherine en la escuela. Ana dijo que aún le preocupa el posible trauma de su hija a causa del confinamiento: “Ella no parece ser como cualquier otra niña normal que puede disfrutarse las cosas”.
Cuando el presidente Obama asumió el poder, prometió limitar la política de detención de niños inmigrantes que había sido implementada por George W. Bush. En agosto de 2009, después de una extensa demanda por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sacó a todos los menores del Centro Residencial de T. Don Hutto, un centro en Taylor, Texas, operado por la misma corporación de prisiones privadas — CCA — que ahora opera en Dilley. (CCA se rehusó a comentar para este reportaje.) Sin embargo, en respuesta al aumento de niños refugiados en 2014, Obama cambió de táctica y adoptó una política de “no libertad” para impedir la continua migración a la frontera de EE.UU. En 2013, ICE contaba con tan solo 95 camas en las unidades de detención familiar; ahora esa cifra ha aumentado a 3.000, con una distribución que abarca tres centros de seguridad: el centro en Dilley, el Centro Residencial del Condado de Karnes en Karnes City, Texas, y el Centro Residencial Familiar de Berks en Leesport, Pennsylvania. (A finales del año pasado, se cerró el centro en Artesia, New Mexico, donde Ana y Katherine pasaron sus primeros cinco meses en EE.UU.)
La legalidad de estos centros se encuentra ahora bajo cuestionamiento. En julio, la juez federal Dolly M. Gee del distrito central de California dictaminó [PDF] que la política de ICE de detener niños durante semanas y meses, por sí solos o con sus madres, viola un acuerdo que se logró en 1997 en el caso de Flores contra Johnson, una demanda colectiva presentada por menores sin acompañantes que huían de una violencia previa en Centroamérica. El acuerdo mantiene que ICE debe liberar a niños inmigrantes “sin retraso innecesario” a un tutor legal o custodio adulto y hacer “esfuerzos continuos de su parte por la reunificación familiar”. Para el 22 de octubre, ICE debe probar que ha elaborado estándares y procedimientos para asegurar que los niños sean detenidos por solo períodos cortos de tiempo y en “centros seguros y sanitarios, consistentes con una preocupación por la vulnerabilidad particular de los menores”, nunca en “centros sin licencia o de seguridad” excepto en circunstancias extraordinarias. “Nuestra posición es que [ICE] podría cumplir con la ley y con Flores al liberar a estas madres y estos niños dentro de una semana como máximo”, declaró Peter Schey, director del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales en California y abogado de los demandantes en el caso de Flores.
Dilley, aunque más espacioso y mejor establecido que Karnes y Artesia, de todas formas se sentía como una prisión, dijo Ana. “Siempre hay que seguir las reglas. Estás bajo vigilancia”. Los niños no tenían acceso a la educación, las madres no tenían información sobre sus derechos legales, la espera para el cuidado médico tomaba horas, varias familias dormían en literas estrechamente ubicadas, los escorpiones y las culebras rondaban por doquier, y la comida solía ser incomible. Nina Pruneda, portavoz para la oficina local de ICE en San Antonio, declaró por correo electrónico que la agencia “provee un ambiente seguro y humano” y que “los niños en edad escolar reciben instrucción de acuerdo con la regulación estatal”.
Abogados de inmigración, grupos de derechos civiles, la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han exigido un fin a la detención de familias – así como lo han hecho 136 demócratas en la Cámara de Representantes [PDF]. Sin embargo, el presupuesto para el año fiscal de 2015 proporciona fondos continuos para estos centros, como parte de los $3,4 mil millones asignados para “detención, aplicación de ley y operaciones de expulsión, inclusive transportación de menores extranjeros sin acompañantes”.
Se han presentado numerosas querellas y demandas por parte de antiguos detenidos en Karnes, donde las madres hicieron una huelga de hambre en abril y han hecho alegaciones de abuso sexual y psicológico a manos del personal. Los defensores argumentan que en lugar de que compañías de prisiones privadas manejen el sistema — a un costo de $300 al día por cada detenido en Dilley — los inmigrantes que deseen solicitar asilo deberían recibir asesoría sobre sus derechos y ser entrevistados en la frontera, bajo el auspicio de monitores internacionales, para luego ser liberados y recibir asesoría legal para dar seguimiento a sus reclamos.
Lo que actualmente sucede en la frontera no es ni bien conocido ni consistente. Ana y Katherine, quienes fueron transportadas ilegalmente hacia el norte por automóvil y autobús, se entregaron a los agentes fronterizos y terminaron en un centro de procesamiento conocido como “el congelador” por su aire acondicionado extremo, una dificultad particular para inmigrantes que han cruzado a nado por el Río Grande. Los oficiales de ley les dieron a Ana y Katherine botellas de agua y sándwiches, dijeron las dos mujeres, y les hicieron preguntas en español: de dónde venían, si traían identificación o partidas de nacimiento, a donde querían ir. Según el abogado Brian Hoffman, quien coordina el Proyecto Pro Bono en Detención de Familias CARA en Dilley, no están claras las razones por las cuales liberan a algunas personas para ir con sus familias y envían a otras familias a un centro de detención en lugar de ser deportadas inmediatamente.
Ana
Immigrant from El Salvador held in U.S. detention
Según Ana, los procesos que gobiernan en Dilley, Karnes y Artesia son igual de opacos. Como el 80 por ciento de las familias detenidas [PDF], ella y Katherine pasaron su “entrevista de miedo creíble”, el primer paso para probar que debían ser consideradas como refugiadas. Sin embargo, su caso se paralizó. ¿Por qué salieron algunos con fianza mientras otros nunca recibieron esa oportunidad? ¿Por qué detuvieron más tiempo a algunas mujeres y niños que a otros? “En sí [los agentes de ICE] te asustan. No te dan suficiente información. No te dicen lo que te va a pasar”, dijo Ana.
Algunas semanas después de su llegada a Dilley, Ana y Katherine tuvieron una breve esperanza de libertad “temprana”. En enero, ICE le notificó al abogado de Ana que liberarían a Katherine. Mérida, la abuela paterna de Katherine en Nueva York, viajó esa misma noche, gastando cientos de dólares en pasajes: uno de ida y vuelta para ella y otro solo de ida para su nieta. La siguiente mañana, Mérida llegó a Dilley y le dijeron que Ana también sería liberada. Entonces, durante el transcurso de horas, Mérida no escuchó nada más y se puso más ansiosa. Alrededor de las 5 p.m., recordó, le informaron que no liberarían ni a Ana ni a Katherine. Se le permitió a la familia una hora de visita durante la cual se abrazaron y lloraron, según contaron las dos mujeres. A Ana le dio un ataque de pánico; Mérida se regresó sola.
Los días se acumularon y desvanecieron. Nueve meses después de ser detenida, Ana apareció en el tráiler que funcionaba como la sala de juicio en Dilley, ante un juez de inmigración que presidió vía video desde Denver. La representó por teléfono un abogado en Nueva York.
Ana y Katherine tienen una historia complicada con ICE: fueron deportadas en 2007, tras su primer intento de reunirse con Raúl. En el procedimiento de Dilley, él testificó por teléfono que emigró solo en 2006, por miedo de represalias a manos de una pandilla que él había identificado ante la policía. Ana dijo que ella y su hija se vieron obligadas a mudarse de un lugar a otro en El Salvador y que un miembro de la misma pandilla la siguió y amenazó a principios de 2013. “Vivía con miedo”, dijo Ana. “Mi país es muy pequeño. No hay dónde esconderse y hay mucha violencia. ...No iba a poner en riesgo la vida de mi hija o la mía”. A Katherine no la llamaron para testificar, el abogado tampoco sometió los documentos en su nombre, dijo Mérida, a pesar de que se le había pagado para representar a madre e hija.
El 7 de abril, el juez de inmigración negó sus solicitudes de asilo y dictaminó que el miedo a ser perseguidas en El Salvador no era suficientemente específico, que las amenazas contra su seguridad eran muy débiles. Ahora estaban sujetas a la deportación. Por medio de un nuevo abogado, Ana apeló sin éxito en junio.
Mientras tanto, el gobierno federal continuó manteniendo a madre e hija bajo detención — una larga detención que Ana atribuyó tanto a su previa deportación como a su defensa personal. “ICE me estaba usando de ejemplo. Si pierdes y apelas, dice ICE, ‘No. Deberías darte por rendida’”, dijo ella. También sostiene que el personal de Dilley nunca le informó sobre su derecho a una audiencia ante un juez para la fianza. Y cuando por fin llegó la hora de la liberación de ella y Katherine, dijo Ana, le pusieron un grillete electrónico en el tobillo sin explicación alguna — una banda negra con una batería recargable: “No pude hacer nada porque yo solo quería salir de allí”.
Recientemente se sometió una querella en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional que respalda los reclamos de Ana. Cuatro grupos legales y defensores han acusado al personal de ICE en Dilley de “desinformar considerablemente” a los detenidos sobre su derecho a ser liberados bajo fianza y obligarles a usar grilletes de tobillo como práctica normal sin evaluar el riesgo de huida individual; les impiden a los detenidos reunirse con sus abogados o buscar un repaso judicial; e intimidan a quienes intentan ejercer sus derechos. Sin embargo, según la portavoz de ICE Pruneda, la agencia les provee a los detenidos “un ambiente abierto, que incluye … acceso a asesoría legal” y “hace determinaciones de custodia y fianza según cada caso”. Añadió que ICE evalúa tales factores como “antecedentes criminales, preocupaciones humanitarias y vínculos con la comunidad” para decidir sobre la liberación de ciertos detenidos por medio de un programa conocido como Alternativas a la Detención (ADT, por sus siglas en inglés), “lo cual podría incluir reportarse en persona, reportarse por teléfono o monitoreo electrónico”.
Desde la decisión de Gee en el caso de Flores, ICE ha liberado a más y más madres e hijos con la condición de que usen un monitor en el tobillo, a un costo individual de $1.740 al público. Pero el de Ana se rompió después de solo tres semanas. Cargó la batería completamente una y otra vez, dijo ella, pero continuó haciendo un pitido alto. Tenía vergüenza de salir en público y tuvo que irse a mitad de un evento en la escuela de Katherine a causa del ruido. GEO Group, la compañía de prisiones privadas que opera en Karnes, recientemente adquirió la compañía que construyó el aparato, BI Inc.
Ana se encuentra actualmente en proceso de someter una segunda apelación, su última oportunidad de pelear la denegación de su solicitud de asilo. Su abogado piensa hacer una nueva presentación en nombre de Katherine. “Hay muchas personas que vienen en busca de una vida mejor”, dijo Ana, “pero otras — estamos en busca de un lugar donde vivir, donde estar seguras”.
Caracol Interpreters Cooperative brindó los servicios de interpretación y traducción para este artículo.
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